El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró este martes que existen indicios de obstruir su investigación sobre el hallazgo de documentos clasificados en la mansión de Mar-a-Lago, en Florida, del ex presidente Donald Trump, y que “probablemente se ocultaron y retiraron registros del gobierno” de un almacén de la propiedad.
La afirmación forma parte de un documento presentado ante la corte este martes por la noche, y que ofrece la cronología más detallada hasta ahora de las interacciones entre miembros del Departamento de Justicia y representantes de Trump en torno a la presencia de los documentos en Mar-a-Lago.
El Departamento de Justicia indicó que los abogados de Trump aseguraron en junio que todos los archivos que se habían llevado de la Casa Blanca a la residencia del magnate, se guardaban en un único lugar, y “no había otros archivos almacenados en ningún espacio privado de oficina ni otro lugar en el recinto y que todas las cajas disponibles se habían revisado”.
Sin embargo, en el allanamiento de este mes, los agentes encontraron documentos clasificados tanto en esa sala de almacenaje como en la oficina del ex presidente, incluidos tres documentos clasificados que no estaban en cajas, sino en escritorios de oficina.
El reporte responde a una petición del equipo legal de Trump de que se hiciera una revisión especial de los documentos confiscados durante el registro del 8 de agosto en Mar-a-Lago.
En la presentación del Departamento de Justicia se incluye una fotografía que muestra una serie de archivos etiquetados como “Top Secret” extendidos sobre una alfombra, y que fueron recuperados de un contenedor en la oficina de Trump.
El documento también revela, por primera vez, una garantía escrita entregada al Departamento de Justicia el 3 de junio que dice que los asesores de Trump habían hecho una búsqueda exhaustiva de cualquier material clasificado y que el abogado del ex presidente entregó unos 50 documentos clasificados adicionales, además de otros 184 que fueron descubiertos en cajas enviadas a los Archivos Nacionales a principios de año.
Sin embargo, cuando los agentes del FBI registraron la propiedad de Trump en agosto, encontraron más de 100 documentos clasificados adicionales, lo que, según escribieron los fiscales, “pone en duda las declaraciones hechas en la certificación del 3 de junio y arroja dudas sobre el alcance de la cooperación en este asunto.”
La defensa del ex mandatario pidió la semana pasada que se nombrara a un experto para revisar los archivos incautados y apartar los documentos protegidos por privilegios legales. La juez federal de distrito Aileen Cannon dijo el sábado que su “intención preliminar” era nombrar a una persona con esa tarea, pero también dio la oportunidad de responder al Departamento de Justicia.
La Justicia estadounidense dijo el lunes que ya había completado su análisis de los documentos que podrían estar sujetos a privilegios legales e identificó un “lote limitado de materiales que podrían contener información amparada por la confidencialidad entre abogado y cliente”.
Por otro lado, el equipo legal de Trump se amplió con la incorporación de otro abogado. El ex secretario de Justicia de Florida Chris Kise se sumó al equipo que representa al ex presidente, según dos personas familiarizadas con la noticia, que no estaban autorizadas a dar su nombre y hablaron bajo condición de anonimato.
