En simultáneo con la publicación del decreto de necesidad y urgencia 391, quedó oficializada hoy la oferta de reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera, que asciende a USD 64.800 millones. De acuerdo con el prospecto, que ya fue informado por la Securities & Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, la propuesta estará abierta hasta el 8 de mayo, pero el plazo podría extenderse, si así lo decide el Gobierno. Durante este plazo, el Gobierno avanzará en la negociación con los bonistas para intentar acercar posiciones, ya que la oferta que fue presentada podrá tener modificaciones -denominadas enmiendas- en este lapso de tiempo. Si bien tres grupos de acreedores ya se manifestaron en contra de los detalles conocidos el viernes, a partir de ahora tendrán mayores elementos para el análisis.
De todos modos, desde un fondo de inversión afirmaron que “por ahora todo el proceso viene muy mal encaminado” y “no parece que se pueda evitar el default en un mes”. “La oferta no es razonable y esta muy lejos de serla; el Gobierno no manda señales de querer negociar para llegar a un acuerdo”, dijeron desde Wall Street. Mientras corre el plazo hasta el 8 de mayo, también corre el tiempo de gracia de 30 días a partir de hoy para que la Argentina no entre en default, ya que hoy vencen USD 503 millones de cupones de los bonos globales pero el Gobierno ya dijo que no cumpliría con el pago. La propuesta conocida hoy también habilita a que la reestructuración pueda ser parcial y que algunos bonos elegibles queden afuera del canje, ya que el Gobierno dispuso que en la fecha de cierre del canje informará qué bonos han sido excluidos por no llegar al mínimo de aceptación que imponen las cláusulas colectivas. Según remarcó el analista Sebastián Maril, la oferta “abre las puertas para el rechazo, no sólo por la cuestión económica, sino también por factores legales”.
De acuerdo con el documento, quedó establecido que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares no podrá ser superior a USD 44.500 millones, mientras que para el conjunto de las series denominadas en Euros el monto de emisión no podrá superar el valor nominal de € 17.600 millones. Según el cronograma fijado en el prospecto, el 8 de mayo cierra el plazo para que los acreedores acepten la oferta; el 11 se anunciarán los resultados -y ahí se menciona que se anunciará qué bonos se han excluido y cuáles ingresarán al canje-; y el 13 se procederá a realizar la liquidación de la oferta de intercambio, es decir, se concretará el canje propiamente dicho. Vale recordar que los bancos que fueron designados para efectivizar la operación son el HSBC, en Europa, y el Bank of America (BOFA), en los Estados Unidos. La oferta, cuyos parámetros generales habían sido adelantados por el Ministerio de Economía el viernes pasado, propone canjear 21 títulos en circulación por otros 10 nuevos (nominados en dólares y en euros) con vencimientos hasta 2047, cupones escalonados -el promedio es de 2,33%- y un plazo de gracia de tres años.
Concretamente, el Gobierno ofrece dos bonos que vencen en 2030; otros dos en 2036; dos en 2039; dos bonos en 2043; y los últimos dos bonos en 2047; en todos los casos, en dólares y en euros. Quedó confirmado que los primeros pagarán intereses semestralmente (mayo y noviembre), mientras que los títulos en euros lo harán anualmente. Lo ofrecido por el Gobierno prevé un recorte en los intereses del 62% -que implicaría pagar USD 37.900 millones menos de cupones- y del 5,4% sobre el capital, equivalente a USD 3.600 millones. El Gobierno ofrece comenzar a pagar intereses en 2023 de forma escalonada. La propuesta contempla a los grupos de tenedores de bonos que tengan títulos emitidos bajo el contrato legal de 2005 y los que tengan papeles emitidos a partir de 2016. Ambos tienen distintas cláusulas de acción colectiva, como por ejemplo, la definición de los umbrales de mayorías para que el canje tenga éxito.
Detalles del prospecto
De acuerdo con los primeros análisis de los expertos en deuda soberana, algunos de los puntos importantes del prospecto son los siguientes:
1) No hay cross-default entre los bonos nuevos y los viejos. Si la Argentina decidiera canjear algunos títulos y otros no, los que no entren podrían ser defaulteados sin disparar el default de los nuevos bonos.
2) Cláusulas de acción colectiva (Cacs): los bonos emitidos en 2005 requieren del 85% del total más el 66,6% de cada serie, mientras que en el caso de los de 2016, se requiere el 66,6% del total de los tenedores más el 50% de cada serie.
También está dicho en el prospecto que el Gobierno recalculará las cláusulas de acción colectiva de acuerdo a los volúmenes aceptados. La gran pregunta es qué pasará con los títulos que queden afuera de la reestructuración, es decir, si entrarán en default con los riesgos de juicios y pedidos de aceleración de los pagos o si el Gobierno luego ofrecerá un nuevo canje. En este sentido, la oferta incluye la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), ya incluida en los canjes anteriores, que establece que cualquier mejora que se otorgue a los holdouts de este canje deben ser compensadas a aquellos que ingresaron al canje. El plazo de esta cláusula está limitado a 5 años y excluye al nuevo Bono 204
