La CGT anunció un paro general por 24 horas que comenzará a las 12 del mediodía de este lunes. Para garantizar que los trabajadores puedan volver a sus hogares, los gremialistas decidieron que subtes, colectivos y trenes funcionarán habitualmente hasta la medianoche. A partir de las 0 del martes, se sumarán a la huelga por lo que mañana a la mañana se sentirá fuerte la protesta. Además hay cortes en los principales accesos a la Capital Federal.
El secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor, Mario Calegari, garantizó que habrá colectivos durante toda la jornada pese a las medidas de fuerza previstas. En el caso de los subtes, los Metrodelegados informaron que el servicio estará garantizado hasta las 21. En tanto, los aeronáuticos de Aerolíneas Argentinas y Latam emitieron un comunicado donde informan que se adhieren al paro convocado por la CGT y que sus vuelos serán suspendidos.
Las medidas de fuerza son porque el interbloque Cambiemos llegará a la sesión especial de las 14 en Diputados con un acuerdo político, celebrado el viernes con mandatarios provinciales y algunos diputados opositores, que en principio le alcanzaría al Gobierno para conseguir el quórum reglamentario de 129 legisladores, el paso previo a la aprobación de un proyecto que considera clave.
El consenso se logró en virtud del compromiso ocial de otorgar una compensación a los jubilados por el desfase ente los dos sistemas: la ley de movilidad que rige desde 2009 se basa en una actualización semestral de acuerdo a la evolución de la recaudación y la variación salarial, y la nueva sería trimestral y resultante de una combinación entre la inflación e incremento del sueldo promedio. Habrá fuertes protestas frente al Palacio Legislativo.
En CLARÍN, el periodista Ismael Bermudez explicó que el bono compensador se aplicaría en marzo de 2018 “por única vez”, pero la primera diferencia entre la nueva y la actual fórmula comprende el período de tres meses: marzo, abril y mayo. Luego en junio se aplicaría el segundo ajuste trimestral.
Esto significa que el bono compensador –que implica reconocer que hay una diferencia o pérdida para los alcanzados por la movilidad– sólo tendría vigencia en uno de los tres meses en que se verificará el primer bache entre ambas fórmulas, con lo que no cubriría la pérdida de ingresos de los otros dos meses.
Además, de lo que se informó hasta ahora, surge que el bono abarcará a los jubilados y pensiones que ganan hasta $ 10.000, que habrá una compensación menor para los que se jubilaron por moratoria –aunque haya sido sólo de uno, dos o tres años– no abarcaría las pensiones por invalideces no contributivas y tampoco al salario familiar por hijo de los 5 millones de trabajadores formales. Sí incluirá a la AUH. De los 17,4 millones de alcanzados por la movilidad, quedarían fuera más de 7 millones.
El bono de compensación no sería remunerativo, lo que significa que no integra el haber. Por lo tanto, no se lo tomará en cuenta para el cálculo del aguinaldo y tampoco se lo considerará para los futuros aumentos.
Estas limitaciones explican que el bono tenga un costo de unos $ 4.000 millones, mientras la pérdida de ingresos de las 17 millones de personas alcanzadas por la movilidad por los meses de marzo, abril y mayo ronda los $ 30.000 millones de los $ más de 80.000 millones que, como hipótesis de mínima, están en juego a lo largo de 2018.
