“Nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle”, decía hace dos semanas y frente a las canillas secas de su casa Ramona Medina, una vecina y referente social de la Villa 31, con la paradoja enfrente: “¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua?”. Poco más de una semana después, Ramona, de 42 años, paciente diabética e insulino-dependiente, fue diagnosticada con COVID-19, al igual que sus dos hijas (una de ellas discapacitada), su sobrina y sus cuñados, mientras su pareja y su sobrino siguen a la espera del resultado. Ramona quedó internada en grave estado, sedada y conectada a un respirador, y falleció este domingo en el Hospital Muñiz.
El video que registró el 3 de mayo desde su casa, difundido por las redes sociales de la revista La Garganta Poderosa, es ahora más que nunca un testimonio clave de la forma en que el virus golpea a los barrios con menos recursos de la ciudad, donde la curva de casos no se detiene y, de acuerdo a estadísticas del gobierno porteño, ya hay en total 1201 infectados. La Villa 31, donde vivía Ramona, es la más afectada con 851 casos, seguida por la Villa 1-11-14 del Bajo Flores con 287.
A fines de abril, mientras las cifras oficiales confirmaban la llegada de la pandemia de coronavirus a las villas de la ciudad de Buenos Aires y el número de casos empezó a crecer de forma dramática en casi todos los barrios populares, grandes sectores de la Villa 31 y 31 bis en el barrio porteño de Retiro quedaron sin agua. En ese contexto -ante la preocupación por el aumento de casos y el tironeo por la responsabilidad del corte entre el gobierno porteño y las autoridades de AySA- Ramona, comunicadora y referente del área de salud de la Casa de las Mujeres y Disidencias de la organización social La Poderosa, denunció junto a una pileta de su casa, la 79 de la manzana 35 en el sector Bajo Autopista, que el problema seguía sin solución.
La falta de agua se superponía a la situación ya crítica de la 31, una de las más grandes de la ciudad, con un grave problema de hacinamiento y escasez de recursos, que ahora también se agrava en medio de la emergencia sanitaria. Una serie interminable de desgracias que anidan dentro de otras. “Una cosa era antes de la pandemia, que podías negociar y esperar para la relocalización. Pero ahora cómo tiene que hacer Ramona, que vive con cuatro personas de riesgo, incluyendo a ella y una hija discapacitada”, reclamaba por esos días Joana Ybarrola (30), también referente social y vecina de la 31 desde hace más de 20 años, en diálogo con Infobae, cuando Ramona no tenía coronavirus pero era consciente de que tanto a ella como a sus vecinos, el virus la acechaba.
“Tuvo que romper su casa para poder cocinar de un lado y que su hija puede estar sentada del otro. No pasan por el pasillo. Son 6 personas literalmente hacinadas. No se entiende por qué no pueden darle una respuesta”, denunciaba Ybarrola sobre la situación de Ramona, que este domingo se transformó en la décima muerte por coronavirus en las villas porteñas. “Y ella es sólo una de un montón de vecinas y vecinos”. En esa casa vivían Ramona y su pareja, con sus dos hijas, Maia y Guadalupe, que tiene Síndrome de West y Síndrome de Aicardi, no puede hablar ni comer, ni sostener su postura sin ayuda y requiere oxígeno todas las noches. Su madre estaba especialmente abocada a su atención. Con ellos viven la cuñada de Ramona, de 62 años, su cuñado de 68, su sobrino con problemas cardíacos y su sobrina diabética.
El premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel y la referente de Madres de Plaza de Mayo –línea fundadora– Nora Cortiñas, anunciaron por entonces en una carta abierta firmada por artistas, intelectuales, organizaciones sociales y sindicatos, entre otros, que denunciarían la situación que atraviesa en plena pandemia la Villa 31 frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Garganta Poderosa, la revista de la organización que ella integraba, que tiene presencia en villas y asentamientos de todo el país, se encargó a partir de su denuncia, diagnóstico e internación, de contar su historia y las condiciones en que vivía en distintas publicaciones en sus redes sociales.
Ramona, al igual que su marido, era monotributista y trabajaba como gestora de trámites y traslados para personas con discapacidad. Además de coordinar el área de salud de la Casa de las Mujeres del barrio, también cocinaba en su casa para solventar los gastos de medicamentos y atención de su hija. Según indicaron desde la organización, la familia de Ramona esperaba su relocalización desde hacía cuatro años, en medio del proyecto de urbanización impulsado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. “Intensificaron su reclamo en 2018, cuando debió materializarse la mudanza. Y más aún cuando se declaró el aislamiento social obligatorio. Y más aún, cuando los dejaron sin una gota en la canilla. Pero nunca llegó la vivienda, ni la respuesta, ni el agua. Llegó el coronavirus”, publicaron.
“No se puede vivir más en estas condiciones. Hay un virus, hay una pandemia que nos está consumiendo. Todos los días nuevos casos, nuevos vecinos. Y nosotros seguimos sin agua”, repetía ella con la voz quebrada en el video que hoy, con la noticia de su muerte, estremece aún más. La falta de suministro empezó a restablecerse, y sólo de manera parcial, casi dos semanas después, cuando el equipo de AySA se reunió con representantes del gobierno porteño, que se comprometieron a reactivar las obras dentro del barrio, donde la empresa estatal no tiene jurisdicción técnica. Este domingo, bajo el título “Nos mataron a Ramona”, sus vecinos y compañeros de organización pidieron justicia por su muerte. “Esto es un crimen. Y no vamos a parar, ¡hasta que paguen todos los responsables!”, escribieron.
