El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha presentado este lunes una resolución con las reglas para llevar a cabo el juicio político contra el presidente Donald Trump, acusado de haber abusado el poder de su oficina al retener ayuda militar a Ucrania a cambio de que el país llevara a cabo una investigación contra su rival político, Joe Biden, y luego obstruir la investigación del Congreso sobre el hecho. La votación al respecto, que tendrá lugar este martes, marcará el comienzo oficial del proceso, el tercero en la historia del país.
En concreto, McConnell propuso que cada las partes -los demócratas, que actuarán como fiscales, y la defensa de la Casa Blanca- tengan 24 horas para presentar sus argumentos, y que estas se dividan en turnos de 12. La cantidad de tiempo es la misma asignada en el juicio político de Bill Clinton, el antecedente más reciente. Terminados los alegatos iniciales, los 100 senadores que componen la Cámara Alta -y ofician como jurados- tendrían 16 horas para plantear preguntas. Y en base a la información presentada en ambos casos votarán para decidir si llaman nuevos testigos a declarar y también si se permite la presentación de nueva evidencia.
“Si el Senado acuerda permitir que la Cámara de Representantes o el presidente citen a testigos, los testigos serán depuestos en primer lugar y el Senado decidirá, después de la declaración, qué testigos testificarán, de conformidad con las reglas del ‘juicio político’”, indica un párrafo alusivo del documento, de cuatro páginas. Para cualquiera de las dos cosas es necesario el acompañamiento de la mayoría del cuerpo, que está en manos de los republicanos, que parecen inclinados a negarse y a optar por un juicio abreviado. Los demócratas aspiran a convencer a algunos indecisos.
Los demócratas han sido vocales a la hora de manifestar la necesidad de presentar nueva evidencia y llamar nuevos testigos. Sobre la primera, han puesto especial foco en nuevos documentos vinculados a Lev Parnas, un socio del abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, que aseguran fortalecen su caso. Lo mismo piensan de un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, que concluyó que la administración de Trump violó la ley cuando retuvo la ayuda militar aprobada por el Congreso para Ucrania.
Con respecto al segundo aspecto, en tanto, entre aquellos señalados como testigos requeridos se encuentran el exasesor de seguridad nacional de la Casa Blanca John Bolton o el jefe interino de Gabinete, Mick Mulvaney. Los republicanos han criticado que durante la investigación en la Cámara de Representantes, donde se desarrolla la instrucción del proceso y donde los demócratas son mayoría, estos no hicieran más presión para citar a Bolton y Mulvaney, recurriendo a los tribunales.
Schiff también acusó a los servicios de Inteligencia de retener documentos sobre Ucrania requeridos por los legisladores que preparan el juicio político. “Parece que están sucumbiendo a la presión de la Administración -señaló-. La NSA (Agencia de Seguridad Nacional), en concreto reteniendo documentos potencialmente relevantes para nuestras responsabilidades de supervisión sobre Ucrania, pero también documentos que los senadores podrían querer ver durante juicio”. En declaraciones a la cadena de televisión Fox News, el senador republicano Ted Cruz auguró que el juicio político podría durar una o dos semanas, pero advirtió que podría prolongarse hasta seis, ocho o más, si finalmente la cámara aprueba citar a testigos.
De ocurrir finalmente, Cruz consideró que deberían aplicarse unas normas de reciprocidad, es decir, “si la acusación tiene un testigo, la defensa tiene un testigo; si la acusación tiene dos, la defensa tiene dos. Si la acusación llama a John Bolton, la defensa llama a Hunter Biden”. Biden, hijo del ex vicepresidente y uno de los candidatos presidenciales compitiendo en las primarias presidenciales del partido demócrata, está en el centro del caso. Según la acusación original, los allegados al Presidente buscaban que el gobierno ucraniano buscara mediante una investigación formal información potencialmente dañina sobre el accionar de Hunter Biden como miembro del directorio de Burisma, una compañía de gas local.
Los abogados del Presidente, al ofrecer un vistazo preliminar de su defensa el domingo, indicaron que los cargos en su contra no son válidos. “Es necesaria una conducta cuasicriminal”, dijo Alan Dershowitz, un abogado constitucional del equipo de defensa de Trump. Dershowitz indicó que él estará presentando ese mismo argumento ante el Senado y si prevalece, “no habrá necesidad” de buscar los testimonios de testigos o documentos que los demócratas exigen. Trump, por su parte, asevera que su presión a Ucrania fue “perfecta” y que es víctima de una cacería de brujas.
El enfoque de “sin delito no hay juicio político” ha sido desestimado por demócratas y expertos que han testificado ante la Cámara Baja. En un reciente informe de juicio, los fiscales describieron la conducta de Trump como la “peor pesadilla” de los fundadores del país. Desde su perspectiva, la norma de "delitos de responsabilidad " es ambigua y no concluyente en la Constitución y pretende abarcar los abusos de poder que no son necesariamente ilegales. Pero más allá de la duración final del proceso, las posibilidades de que la acusación prospere son bajas. Se necesitan 67 votos a favor para remover al Presidente, pero los 53 senadores republicanos se han mostrado firmes detrás suyo.
