Luego de que, en medio de la corrida cambiaria de la semana pasada, el ministro de Economía, Sergio Massa, llamara a un acuerdo de precios y salarios por los próximos 90 días, desde la Secretaría de Comercio volvieron a activarse los contactos con las empresas de consumo masivo, los supermercados y otros sectores a los fines de plantear una reformulación completa de los acuerdos de precios cuyo sendero mensual de precios, hasta ahora, es 3,2%. Pero las conversaciones que se están desarrollando con las empresas, más que buscar una marcha atrás de los aumentos, buscan garantizar que los acuerdos se sostengan y funcionen con un mejor abastecimiento. ¿Cómo? Con autorizaciones mayores de precios, más cerca de las cifras actuales de inflación.
Desde el Gobierno admiten que desde el llamado de Massa comenzó una convocatoria a empresas para “conversar sobre el nuevo sendero y la posibilidad de retrotraer precios”. Algunas firmas ya estuvieron reunidas el fin de semana con funcionarios de Comercio y hasta ahora no tuvieron pedidos para dar marcha atrás con aumentos, sino todo lo contrario: se les informó que a partir de este mes se les otorgaría una suba de 3,8% el 5 y otro 1,8% el 20 para los productos que tienen dentro de la canasta que iba a quedar congelada hasta fines de junio. Por otro lado, lo que está por fuera de esa canasta seguiría con 3,2% de incremento o más, en función de los aumentos de costos y de cuánto atraso acumule cada producto.
En una de las empresas líderes de alimentos aseguraron que en realidad esta discusión con el Gobierno tenía que ocurrir este mes debido a los reclamos para realizar ajustes que permanentemente realiza el sector privado en función de los aumentos de costos. Según la fuente, no sólo ha habido entrada y salida de productos de esa canasta congelada todos los meses, sino que también han recibido subas por encima del 3,2% los artículos que están por fuera del programa; las famosas listas de excepciones que circulan todos los meses, con incrementos que llegan al 9 por ciento.
Además de algunas empresas (Unilever y Mondelez, por ejemplo), también fueron citados el fin de semana a una reunión con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, los presidentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Ricardo Zorzón, y de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Palpacelli. En ese encuentro, también se les adelantó el espíritu de la nueva negociación con las empresas para que el retail sepa cuáles son los topes de aumentos autorizados a recibir por parte de los proveedores.
La información suministrada coincide con la que recibieron algunas empresas líderes: el reajuste del 3,2% los días 5 de mayo, junio y julio, y el 1,80% adicional los 20 de cada uno de esos meses. Además de remarcarle a los supermercadistas que no deben convalidar listas superiores, Tombolini les anticipó que están trabajando en una nueva canasta de 40 productos para los comercios de cercanía. Llevaría el nombre de Precios Justos Barriales, en principio, y tendría los precios fijos también por 90 días. ¿Funcionará esta vez, después de los fracasos de Súper Cerca y otros esquemas similares? Consolidar una canasta que sea atractiva para los pequeños comercios y que sea cumplible, y controlable, ha sido históricamente un desafío. Incluso, el mismo Tombolini reconocía, al comienzo de su gestión, que avanzar por ese camino iba directo al fracaso.
Los dirigentes supermercadistas les dijeron a los funcionarios que si bien los asociados desean adherir al programa de Precios Justos, tienen obstáculos para hacerlo. Por un lado, no tienen garantizado ni el abastecimiento ni los precios de parte de la industria y los distribuidores. Además, el sector no está en condiciones de comprometerse a suministrar información al Sistema Electrónico de Precios Argentinos (SEPA) y/o SIPRE (régimen informativo de precios y cantidades vendidas).
Finalmente, los directivos del sector del retail recordaron que una limitación para que los socios se adhieran era que se les delegase la fiscalización del programa a las autoridades municipales, provinciales y a los movimientos sociales. Y pese a la insistencia del Gobierno, los empresarios insistieron en remarcar que, por todas las razones expuestas, “no están dadas las condiciones para firmar un acuerdo generalizado de precios”.
Las reuniones siguieron ayer con los directivos de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) para informarles sobre las nuevas negociaciones. De todos modos, desde el sector afirmaron que el encuentro ya había sido pedido por las cadenas para dialogar sobre los aumentos de costos y los precios hacia adelante. Hoy seguirán los encuentros con el resto de las firmas de consumo masivo (la mayoría) que todavía ni siquiera fue contactada por Comercio. De todos modos, advierten: “No podemos retrotraer nada, tenemos atrasos muy importantes, con ajustes permitidos mucho más bajos que la inflación, que hoy es de 7% mensual”.
