El Gobierno prepara el terreno para avanzar con el esquema de segmentación de tarifas que prevé implementar a partir de 2022. A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial se le solicitó a Edenur y Edesur -prestadoras del suministro eléctrico en el AMBA- que destaquen en las boletas cuánto dinero se le subsidia a cada usuario.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) instruyó a Edenor y a Edesur a que teniendo en cuenta los cargos de energía y potencia por categoría y subcategoría tarifaria y “de acuerdo al consumo mensual de cada persona usuaria” deberán determinar “a partir del 1 de noviembre de 2021 el monto del subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado de manera destacada como ‘Subsidio Estado Nacional’.
La Resolución 487/2021 fue otro paso del Poder Ejecutivo para intentar implementar el esquema de segmentación de tarifas que permitiría el año próximo comenzar a reducir los subsidios aplicados.
En esa sintonía, la semana pasada el ENRE le solicitó a Edenor y Edesur que reempadronen a más de 1,5 millones de usuarios de categoría residencial, con el objetivo de confirmar que la persona titular del servicio y su grupo familiar efectivamente vivan en ese domicilio y utilicen el servicio.
Se estima que un 37% del total de los usuarios tiene como titulares del servicio a personas que no viven en ese domicilio o hay otras inconsistencias: personas fallecidas, omisiones o errores en los números de DNI, personas que se declaran como titulares de una pluralidad de domicilios. El sistema considera “titular” a quien efectivamente usa, junto a su grupo conviviente si fuera el caso, el servicio de electricidad en el domicilio declarado.
El plazo para el reempadronamiento es hasta diciembre. En una de las empresas, estimaron que en una primera etapa se empadronarían a unos 700.000 titulares sobre un total de 2,5 millones de clientes.
Desde el propio Gabinete habían confirmado que se encuentran trabajando en la puesta en marcha de una herramienta para procesar la información que permitirá implementar las tarifas segmentadas, pero para eso requieren una base de datos real.
Una de las opciones que se analizan para implementar la segmentación es una división en tres categorías: tarifas que vayan por debajo de la inflación para los sectores más bajos, tarifas que acompañen a la inflación en el segmento medio y otras que tengan una recuperación de lo perdido en años anteriores para los sectores más altos. El esquema podría ser también mixto y contemplar zonas determinadas.
Esto permitiría que los barrios más vulnerables cuenten con mayores subsidios. A comienzos de octubre, en una entrevista con Infobae, el secretario de Energía Darío Martínez anticipó que el Gobierno estaba avanzando con la segmentación de tarifas de acuerdo a los niveles de ingresos de las familias. “Con la segmentación no se van a resolver los problemas de la energía ni se dejará de subsidiarla.
Hay que usarlo de manera más inteligente y más eficiente. Se debe generar una gran base de datos y crear el núcleo familiar, algo que el Estado nunca lo hizo”, explicó en aquella oportunidad.
“Es importante saber cuál es el núcleo de cada familia y va a llevar su tiempo. Creemos que los primeros pasos los vamos a poder dar a comienzos del año que viene, es una herramienta que tiene que ir perfeccionándose y le va a servir al Estado para muchas cosas, como subsidios al transporte y muchas de sus decisiones”, agregó Martínez.
Uno de los principales problemas de los esquemas de segmentación es que se generan inclusiones o exclusiones, es decir, gente que recibe el subsidio cuando no le corresponde y al revés). Algunas de las dificultades es que se pueden generar cambios de titularidad para obtener el beneficio: por ejemplo poner el servicio a nombre de una persona jubilada. Pero también, hay datos que no se actualizan como titulares fallecidos o el caso de los inquilinos.
El Gobierno avanza en un esquema de segmentación por ingreso, lo que requiere de información de distintos organismos del Estado, como la Anses, la AFIP y el Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social). Durante la gestión de Cristina Kirchner se intentó aplicar un esquema de segmentación, al que se denominó “sintonía fina”.
A fines de 2011 dejaron de recibir facturas subsidiadas de gas, electricidad y agua las personas con domicilio en los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, countries y barrios cerrados. También se abrió un registro voluntario para los usuarios que quisieran renunciar al beneficio. Pero finalmente no se avanzó mucho más allá. Hoy el tema vuelve a estar en la agenda de la administración de Alberto Fernández.