El Presidente presentará oferta a bonistas para cerrar acuerdo en junio

Alberto Fernández avanzó a una nueva fase en la negociación con los fondos para cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda externa por 66.000 millones de dólares. A través de su ministro Martín Guzmán, el Presidente explicó a los acreedores privados que “enmendará” su oferta inicial si aplacan sus condiciones financieras y se logra que la adhesión al canje de los bonos alcance un porcentaje “significativo” del total de los títulos soberanos bajo reestructuración.

La iniciativa presidencial significa que los bonistas tienen que aplanar sus expectativas y Guzmán presentar ciertas opciones que permitan sumar adhesiones de los fondos de inversión que aún resisten la primera oferta oficial. “Mejorá la oferta. No quiero el default”, fue la instrucción que bajó Alberto Fernández al ministro de Economía. Guzmán cumplió la orden del jefe de Estado y mejoró un diez por ciento el Valor Presente Neto (NPV) que aparecía en la propuesta del 8 de mayo. El ministro pasó de 40 dólares promedio a 45 dólares por cada lámina de 100 dólares, como reveló Infobae en exclusiva hace un par de días.

Junto a la mejora del Valor Presente Neto (NPV), Guzmán adelantó que incluiría un endulzante a esa oferta que podría apoyarse en un eventual crecimiento de la economía nacional. Si el Producto Bruto Interno (PIB) crece desde 2021, las acreencias de los fondos también tendrían posibilidades de incrementarse con el correr de los semestres. Entonces, hasta anoche, el ministro había enmendado su propuesta con el 10 por ciento del NPV y la posibilidad de un anabólico económico atado a un esperable rebote de la economía post crisis COVID-19.

Sobre esta hipótesis de trabajo, los acreedores privados tienen la obligación de modelizar sus propias propuestas para conciliar con las pautas de negociación que explicitó Alberto Fernández. Es decir: achicar las condiciones financieras previstas en sus contraofertas y traer al cierre del deal un número portentoso de bonistas que aceptarían el canje propuesto por la Argentina. No se trata de una condición u otra. Los fondos tienen que pedir menos de intereses a pagar y de la quita de capital establecida en la iniciativa oficial, además de sumar un porcentaje mayúsculo de acreedores privados que se acerque a los niveles de las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) previstas en los prospectos de los títulos que se pretenden reestructurar.

Cuando venció el primer plazo de la propuesta inscripta en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Argentina sólo obtuvo un adhesión al canje de bonos por debajo del 20 por ciento del total de los acreedores privados. Un canje se considera exitoso cuando está por encima del 70 por ciento de los títulos soberanos que se intentan reestructurar. Como se trata de una negociación por 66.000 millones de dólares, y el país ya está en default, Alberto Fernández y su ministro también tendrán que conceder a los acreedores privados ciertos agregados a la oferta inicial que deberían sumarse al aumento del NPV y al anabólico económico basado en el eventual rebote del PIB.

El número mágico es 50 dólares de NPV, o quizás 51. Guzmán aún no tocó el flujo para llegar a 50/51 de NPV. Sólo aumento el 10 por ciento neto, pero no ofreció elevar el interés, ni bajar la quita de capital (haircut), o achicar el período de gracia de tres años. Una modelización que defienda el concepto de sostenibilidad de la deuda acordada con Kristalina Georgieva -directora gerente del FMI- y que no implique un nuevo plan de ajuste, pondría a la Argentina y los bonistas a centímetros del acuerdo.

Por ahora, Guzmán ofertó 45 dólares de NPV, y los acreedores contra ofertaron 53 dólares de NPV. Si se parte la diferencia, Argentina escapará a la aceleración del default y los fondos a perder tiempo en los tribunales en Manhattan. Hoy es un día clave. La negociación reservada puede derivar en la redacción final de la propuesta mejorada del Gobierno, en su inmediata registración en la SEC, y en la extensión del plazo de la oferta que vence el próximo 2 de junio. Toca mover a los bonistas. La Casa Blanca y el FMI ya hicieron su faena.