El Servicio Penitenciario Federal (SPF) viene confeccionando listas de presos que podrían cumplir su condena fuera de la cárcel para resolver la superpoblación y entre los posibles beneficiados hay 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que se incluye a Alfredo Astiz.
En la última lista hay 1436 presos y fue elaborada el 8 de marzo, mismo mes en el que se cumplirán 42 años del inicio de la última y más sangrienta dictadura el 24 de marzo. La intención es que bajo la libertad condicional o la prisión preventiva, los 12043 detenidos bajen por lo menos hasta igualar el máximo cupo de 11577 personas.
Según consignó Infobae, en la categría de "enfermos oncológicos" hay 16 presos, de los cuales 7 son represores. Uno de ellos es el recordado Alfredo Astiz, represor condenado a cadena perpetua en 2007 y 2011 por el secuestro y homicidio de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, del periodista y escritor Rodolfo Walsh y de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo -organismo en el que se infiltró como familiar de un desaparecido-, Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga.
Además, en la misma lista hay otra categoría para los presos condenados por delitos de lesa humanidad mayores de 70 años, donde figuran nombres como Jorge "El Tigre" Acosta, Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda.
Tanto desde el SPF como del Ministerio de Justicia defendieron la inclusión de Astiz en la nómina. "Los criterios de confección y producción del listado están basados en diversos colectivos específicos. Uno de ellos es enfermedades oncológicas", señalaron desde el Servicio Penitenciario a Infobae.
"La inclusión de los internos se hace en base a criterios objetivos y no hay control político. Se pone a todos los que están en condiciones de acceder a una medida alternativa a la prisión", agregaron desde el Ministerio de Justicia.
La posibilidad de que un grupo de represores salga de la cárcel y cumpla su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria generó un enorme revuelo, que se potenció cuando Graciela Fernández Meijide se expresó a favor de que Astiz purgue la pena en su casa: "A determinada edad o con enfermedades terminales, mantener a una persona en prisión deja de ser una condena por un crimen y pasa a ser casi una venganza".
Luego llegó la respuesta de Adolfo Pérez Esquivel, quien se mostró en desacuerdo con la postura de la ex titular de la Conadep: "Creo que los que cometieron crímenes de lesa humanidad también tienen derechos y no los tenemos que violar, pero a esa gente no se le puede dar la libertad. Y eso no significa venganza ni revanchismo".