El juez federal Ariel Lijo condenó a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos al funcionario Martín Sabbatella, por "abuso de autoridad" en su gestión al frente de AFSCA durante el gobierno de Cristina Kirchner, por irregularidades y presiones al Grupo Clarín para readecuarlo en forma forzosa a la ley de medios audiovisuales en 2014. A pesar de que la condena judicial le prohíbe a Sabbatella seguir siendo funcionario, fuentes del Gobierno le aseguraron a este diario que la intención es dejarlo en su puesto de la ACUMAR -el organismo que maneja la cuenca Matanza-Riachuelo- "hasta que no haya una condena firme", ratificada por la Cámara de Casación o por la Corte Suprema. "La condena tendría que quedar firme primero para que hagamos algo", indicaron.
El argumento va en la misma línea con el planteo que viene realizando Alberto Fernández respecto a ex funcionarios detenidos: esto es que, hasta que no se agoten las instancias judiciales, no pueden ser considerados culpables. En su resolución, Lijo absolvió a los restantes acusados, según se conoció este martes al mediodía en la audiencia desarrollada en los tribunales federales de Comodoro Py, tras escuchar las últimas palabras de los acusados. El debate oral estuvo a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien durante la lectura de la sentencia planteó que "se trata de garantizar la vigencia del Estado de Derecho y su alcance; y de cómo el Estado debe actuar respecto de un particular, se trate de quién se trate". El juez Lijo dijo que el próximo jueves se conocerán los fundamentos de la condena contra el actual titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), dictada por un tribunal unipersonal por tratarse de un delito que preveía una pena no mayor a tres años de prisión. Los seis meses de cárcel para Sabbatella quedan en suspenso, hasta que esté firme la condena.
En tanto fueron absueltos Claudio Schifer, Ignacio Saavedra, Néstor Avalle, Eduardo Rinessi, Guillermo Pérez Vacchini, Sergio Zurano y Lorena Di Filippo, todos ex funcionarios del disuelto organismo regulador de las comunicaciones audiovisuales, que el gobierno de Mauricio Macri reemplazó por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Se trata de un intento de disciplinamiento porque se creen dueños de la justicia y se piensan por encima de las normas. No es una condena a mí, es una señal a la política y a los funcionarios y funcionarias para que nunca nadie se atreva a tocar sus privilegios. Este fallo no hace más que seguir ensuciando y debilitando la credibilidad del poder judicial, que por estar colonizados por el poder económico concentrado, hoy se encuentra entre las instituciones más desprestigiadas de nuestra democracia.
Luego de conocido el fallo, Sabbatella sostuvo que fue condenado "por el solo hecho de haber intentado que el Grupo Clarín cumpliera la ley de medios". Y agregó, desde las redes sociales: "Este fallo no hace más que seguir ensuciando y debilitando la credibilidad del Poder Judicial, que por estar colonizados por el poder económico concentrado, hoy se encuentra entre las instituciones más desprestigiadas de nuestra democracia. Vamos a apelar esta decisión, con la convicción de que todavía hay lugar para la Justicia en este país". La investigación de la causa contra Sabbatella estuvo en primera instancia a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien en mayo de 2017 procesó a todos los acusados por "abuso de autoridad". Su fallo fue confirmado por la Cámara Federal porteña y el caso llegó luego a la instancia de juicio oral. En su confirmación, la Cámara Federal entendió que la orden dispuesta para iniciar la adecuación de oficio de las licencias del Grupo Clarín fue dictada de “manera intempestiva y en contra de la dirección primigeniamente adoptada, según se deriva de los propios actos de la autoridad de aplicación”.
El tribunal interpretó que la adopción de la resolución de la adecuación de oficio “fue inesperada, porque el administrado -Clarín- había dado formal respuesta a la intimación, apurado por la vorágine del trámite impreso en las 48 horas previas a su dictado”. Además, los jueces señalaron que “ninguna de estas características se vio reflejada en los otros expedientes administrativos de los restantes grupos económicos revisados, los cuales tuvieron un trámite laxo que en ningún caso muestra una decisión drástica". Por último, en ese fallo de Cámara se destacó que los testimonios de los directores de AFSCA Gerardo Milman y Marcelo Stubrin -de la oposición de entonces, y que se abstuvieron de votar en esa ocasión- reflejaron la dificultad que tuvieron para conocer debidamente el tema que fue llevado a resolver sin encontrarse previsto en el orden del día.
Según la denuncia del Grupo Clarín, que inició el expediente, el entonces funcionario Sabbatella habría dado un "trámite diferencial" a este grupo de medios por sobre otros en los expedientes de adecuación voluntaria a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa aplicación selectiva de la normativa vigente derivó finalmente en el rechazo de la propuesta y en la aplicación de una "adecuación de oficio", por parte del organismo encabezado por Sabbatella. Bonadio dio por probado que "abusando del cargo público que ocupaba como presidente del Directorio del AFSCA ordenó y avaló el trámite diferencial y arbitrario" del expediente del Grupo Clarín de adecuación voluntaria a la ley de medios audiovisuales. Sabbatella también había firmado la resolución que rechazaba el plan voluntario de Clarín y ordenaba una adecuación de oficio.
Para llegar a esa conclusión, el juez Bonadio comparó el trámite con otros similares de grupos como DirecTV, Prisa, Nemesio, Supercanal, Telecentro, Telefe e Indalo. Ese cotejo le permitió determinar que, en 2014, hubo "arbitrariedad" del funcionario con el plan de adecuación del Grupo Clarín. Ese fallo contra Sabbatella fue confirmado ahora por el juez Lijo, que lo condenó a seis meses de prisión e inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos. Además de esta condena, Sabbatella también está procesado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por el otorgamiento de subsidios irregulares cuando estaba al frente de AFSCA. En esa causa fue procesado por el juez Luis Rodríguez, medida que fue confirmada en forma unánime por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes le trabaron un embargo de $11,5 millones sobre sus bienes.
