En vísperas de la sesión especial convocada por el oficialismo para mañana al mediodía, el Gobierno oficializó esta tarde que modifica uno de los artículos vinculado al cálculo de la movilidad de los regímenes especiales del Poder Judicial y del servicio exterior y confirmó que los magistrados que cumplen los requisitos para jubilarse hasta tanto no se sancione la nueva ley, aún cuando no hayan iniciado el trámite, “conservarán sus derechos”. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Guillermo Bulit Goñi, que desde pasadas las 14 exponía ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión y Seguridad Social junto al ministro Claudio Moroni y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli. Era uno de los puntos pedidos por el interbloque de Juntos por el Cambio y por las asociaciones de magistrados y fiscales, que desde la semana pasada activaron un fuerte lobby en el Parlamento por la iniciativa que recorta las jubilaciones especiales.
“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar (su trabajo). Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados", resaltó Bulit Goñi ante la insistencia de los diputados Alejandro Cacace -autor de un proyecto alternativo- y Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio. Bulit Goñi, uno de los funcionarios más consultados por la oposición, aseguró que la cuestión está contemplada en el mensaje de elevación del proyecto enviado hace dos semanas por la Casa Rosada. Pero rechazó incorporar la cláusula pedida por Cambiemos por escrito en el texto. "¿Qué pasaría si discutiendo el Código Penal dijéramos ‘el que no roba, no va preso’. Aclarar lo obvio no nos parece ni conveniente ni prudente, creemos que es suficientemente claro”, remarcó el secretario de Seguridad Social.
Según el interbloque opositor, hay 280 jueces y 60 fiscales listos para jubilarse. “Se plantea esto para que no se debilite el sistema de justicia con la salida masiva de magistrados y la consiguiente parálisis de los tribunales”, explicaron desde Cambiemos tras la reunión de la bancada de hoy, antes del plenario. Abundaron, en ese sentido, que la negativa del Gobierno a incluirlo por escrito dentro del proyecto siembra sospechas. "Sin ninguna duda que no es la intención del Poder Ejecutivo generar un éxodo masivo de jueces, ni nada que se nos ha atribuido en estos días. La intención es modificar un régimen que es imprescindible para comenzar a tener un sistema de seguridad social solidario. Es necesario explicar lo que me parece raro”, volvió a contestar Bulit Goñi ante la repregunta de uno de los legisladores de la UCR.
En la oposición, que todavía debate la estrategia de cara a la sesión de mañana entre los bloques del PRO, la UCR y la Coalición Cívica, exigen que la cláusula esté incluida sí o sí por escrito. El oficialismo, en tanto, sí aceptó algunas modificaciones. Una de ellas en torno al cálculo de la movilidad -que pasa al 82% móvil del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años- dispuesto en el inciso B del artículo 17. El Gobierno suspendió además el cambio en la edad jubilatoria de las mujeres, que queda en 60. Por su parte, Moroni subrayó que podían trabajar en un “fondo compensador” para trabajadores de menores rangos que no están contemplados en el proyecto del Ejecutivo, uno de los pedidos de los gremios, encabezados por Julio Piumato. Vanoli fue uno de los más enfáticos en la defensa del proyecto. “$293.000 del Poder Judicial nacional, y $339.000 de los funcionarios del servicio exterior. Diez a quince veces del haber medio de los regímenes especiales sobre el general”, enfatizó el titular de la ANSES.
