La primera foto después de casi un año de su partida hacia La Habana la publicó Cristina Kirchner antes de regresar a la Argentina. En ella se la vio a su hija Florencia, que desde fines de de febrero de 2019 permanece en Cuba por problemas de salud. Después, prosiguió la apertura de una cuenta de Instagram por parte de la joven cineasta, donde posteó unas pocas fotografías. La vicepresidenta explicó que se encuentra mucho mejor, pero seguirá lejos de nuestro país. Desde noviembre, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) no cuenta con un nuevo informe médico y este martes exigió a la defensa que actualice la historia clínica de Florencia Kirchner.
El TOF 5, integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y Adrián Grünberg, es el responsable de juzgar a la familia Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero en el caso Los Sauces SA (inmobiliaria) y por maniobras de blanqueo en Hotesur SA (empresa hotelera). Ambas compañías pertenecen a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. El tribunal avanza en la organización del juicio. Las partes y la fiscalía a cargo de Diego Velasco realizaron el ofrecimiento de prueba para incluir en las audiencias, y ahora los jueces deben decidir a qué medidas hacen lugar y cómo quedara constituida la lista de testigos. Recién entonces podrán fijar la fecha para el inicio de las audiencias. Fuentes judiciales indicaron a Clarín que eso podría ocurrir recién durante la segunda etapa del año.
Ahora el TOF 5 ordenó a la defensa a cargo de Carlos Beraldi, que actualice la historia clínica. El último informe médico que la Justicia tiene respecto al estado de salud de la hija de la vicepresidenta, data de noviembre señalaron fuentes judiciales a Clarín. Por ello, "a raíz del tiempo transcurrido, se requirió un informe actualizado sobre los tratamientos recibidos y sobre su diagnóstico actual", detallaron fuentes del caso. El último informe, de noviembre, reitera que su diagnóstico no ha variado. Según ese documento, Florencia Kirchner sufre un "trastorno de estrés postraumático y un linfedema ligero de miembros inferiores". En los papeles se señala que Florencia está recibiendo los tratamientos necesarios pero no menciona que se encuentre internada. Si bien quienes la asisten reiteraron que no se encuentra en condiciones de viajar, ya que esto podría agravar su cuadro, "no se explicita el porqué ni se brindó mayor información", indicaron fuentes judiciales.
La hija de la vicepresidenta cumplirá en pocos días un año desde que se encuentra en La Habana. Allí está siendo tratada en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (Cimeq) de La Habana. A diferencia de la mayoría de los hospitales de Cuba, éste no es de acceso universal y está reservado para los altos mandos del Gobierno de ese país, sus familias e integrantes de las fuerzas armadas. En el Cimeq estuvieron Fidel y Raúl Castro, Hugo Chávez y Evo Morales, entre otros. El año pasado, el programa PPT de Jorge Lanata reveló un último informe del Cuerpo Médico Forense argentino sobre la situación de la hija de Cristina Kirchner. Se analizaron los estudios médicos presentados en Comodoro Py por el abogado de Florencia, Carlos Beraldi, que según se determinó arrojan algunas contradicciones. "Dicen que en la tomografía de hígado el lóbulo derecho hepático prominente llega hasta la cresta ilíaca. En el Sanatorio Otamendi, cuando le hicieron la ecografía abdominal el año pasado, no se veía esto. Los peritos dicen que algo así no se puede desarrollar en tan poco tiempo", expuso el programa de Lanata como una de las supuestas contradicciones.
En base a los informes analizados también se planteó que el diagnóstico de los médicos cubanos sobre el estrés pos traumático y un linfedema que sufría Florencia, "no podría corroborarse" y que sus "supuestas patologías no impedirían su traslado en avión". El TOF 5 juzgará a Cristina Kirchner junto a sus hijos por supuesto lavado de dinero a través de sus empresas, Los Sauces SA y Hotesur SA, dedicadas a la locación de inmuebles -en el segundo caso exclusivamente de hoteles- que fueron investigadas por los contratos celebrados esencialmente con los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos.
