Por un año, la baja de Ingresos Brutos y otros impuestos "distorsivos" quedará a criterio de cada provincia. Así lo acordaron Alberto Fernández y los gobernadores de 23 provincias al firmar este martes una adenda que "suspende" provisoriamente la aplicación del Consenso Fiscal que en 2017 había impuesto la administración de Mauricio Macri con 19 provincias. Según fuentes del Ministerio del Interior, que conduce , la medida representará un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos. En la reunión, el único ausente por parte de las provincias fue el gobernador fueguino Gustavo Melella, pero con una justificación: asumía en su cargo este martes, por lo que tampoco pudo enviar un emisario. Curiosamente, la mandataria saliente -y ya diputada nacional- Rosana Bertone, de buena sintonía con el jefe de Estado pero enfrentada a Melella, circuló por Casa Rosada un rato antes.
Con Alberto Fernández abocado a distintos temas de gestión, el encuentro duró poco más de 20 minutos, el tiempo que demandó el saludo de ocasión a cada mandatario, la foto oficial en el Salón Blanco y la firma, en el Salón Eva Perón. Allí sólo fue una formalidad: es que los gobernadores enviaron previamente a los ministros de Hacienda provinciales a reunirse con los equipos técnicos de Interior. La anfitriona fue la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, ex ministra de Economía bonaerense duranta la gestión de Daniel Scioli. El punto del acuerdo suscripto por todas las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires y las provincias gobernadas por los radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy), contempla “suspender hasta el día 31 de diciembre de 2020” la vigencia de algunos puntos del Consenso 2017 y su modificatorio, firmado el año pasado.
Esto abarca a la rebaja de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y Sellos. También, quedará en stand by el compromiso de las provincias para derogar tributos que graven la transferencia de combustible, gas y energía eléctrica, entre otros. Entre los argumentos, el acuerdo explica que la decisión se debe a la "grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad". "Ante una depresión de la economía nacional que ha provocado un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social de vastos sectores de la población, resulta imprescindible introducir modificaciones a los compromisos asumidos", sostiene. En el segundo punto, referido a los “procesos judiciales” abiertos a partir del reclamo de las provincias por coparticipación, se establece que la Nación y los distritos “acuerdan la suspensión, por el plazo de un año de las causas judiciales, cualquiera sea su radicación y estado de trámite“.
“Dicho plazo -se agrega- será prorrogable sucesivamente por períodos de la misma extensión, mediante canje de notas que expresen la voluntad en tal sentido de las partes firmantes“. En el Gobierno se muestran confiados de poder resolver los conflictos a partir de una mesa de negociación. Así, el pacto prevé la conformación “a la mayor brevedad” de “una Comisión integrada por un representante de cada una de las partes, a fin de evaluar de manera integral las situaciones de orden jurídico y económico-financiero involucradas en los procesos". En cuanto a la implementación, las partes acuerdan que ”dentro de los treinta días de la suscripción del presente, los poderes ejecutivos de las provincias firmantes, de la CABA y del Estado Nacional elevarán a sus poderes legislativos proyectos de ley para aprobar el presente acuerdo”.
